Ataques de drones marroquíes contra la población civil, un crimen impune.
El ataque perpetrado por las fuerzas marroquíes el 13 de noviembre de 2020, contra un grupo de civiles saharauis que se manifestaban pacíficamente frente a la brecha ilegal de EL Guergarat en el muro de separación y ocupación marroquí, dio lugar a la violación del alto el fuego y desencadenó una guerra que aún continúa. Tras la introducción de drones por parte de Marruecos en este nuevo conflicto, la Oficina de Coordinación de la Acción contra las Minas del Sáhara pudo identificar los efectos de estas armas en la población civil. Según los datos, Marruecos ha ampliado el campo de batalla -por intereses puramente políticos- hasta abarcar las zonas fronterizas de tres países, amenazando y matando a sus ciudadanos; ha despreciado intencionadamente los principios de distinción, proporcionalidad al no distinguir los objetivos militares e herir y matar a civiles, con impunidad y sin condena de la comunidad internacional, en particular del Consejo de Seguridad o de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental. Todo esto lleva al ejército marroquí a cometer más asesinatos y violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Esto es evidente en la elección de los objetivos y su ubicación.
Y según Amnistía internacional, los drones de combate proliferan, y su mortífero uso se extiende por muchas regiones del mundo asoladas por los conflictos armados o incluso en zonas donde no hay conflictos armados declarados. aeronaves teledirigidas o aviones no tripulados capaces de disparar misiles, más baratos que los aviones de combate convencionales, más fáciles de mantener y más manejables. su mera presencia infunde terror en la población de las zonas donde opera.
este terror tiene una razón de ser. los ataques con drones golpean con frecuencia a la población civil, causando un enorme sufrimiento en personas que no tienen por qué pagar el coste de los conflictos armados. el derecho internacional es claro: atacar a civiles que no participan en las hostilidades constituye un homicidio ilegítimo, y puede constituir un crimen de guerra. Y aunque las víctimas civiles son numerosas, nadie rinde cuenta por estos ataques, porque los gobiernos generalmente no investigan, por lo que nadie se sienta en el banquillo de los acusados, y según AI, las víctimas civiles tampoco reciben reparación ninguna por los daños sufridos.
Según las investigaciones de la Oficina saharaui de coordinación de la lucha contra las minas (SMACO), el ejército marroquí lanzó más de 27 ataques contra unos 49 civiles, con muertos y heridos de diferentes nacionalidades. Los grupos objetivo eran viajeros, comerciantes, buscadores de oro, nómadas o pastores.
En cuanto al número total de atentados registrados contra la población civil, el 7% del total tuvo lugar en los últimos meses de 2020, es decir, apenas unas semanas después del inicio de la guerra, mientras que el 77% de los atentados tuvo lugar durante 2021, y para el año en curso 2022, el número de atentados con drones en los primeros meses de este año ascendió a cerca del 14% del total de atentados.
Estos ataques aéreos fueron llevados a cabo por medios marroquíes y tuvieron como objetivo diferentes zonas geográficas. El 50% de los objetivos civiles fueron bombardeados a partes iguales en el norte y en el sur.
Así, el 67,50% de los ataques con drones se produjeron en las zonas fronterizas saharauis-mauritanas con fines políticos, económicos y sociales, con el objetivo de cortar la comunicación entre las familias y las personas, obstaculizar el comercio e intentar crear obstáculos y dudas sobre la posibilidad del libre comercio entre los países de la región.
Estos ataques también pretenden sembrar el terror y la desesperación entre los habitantes civiles de las zonas atacadas. En cambio, sólo un 32,50% de estos ataques se llevaron a cabo dentro del Sáhara Occidental, a pocos kilómetros de las fronteras, y siempre con el mismo objetivo de atacar a civiles desarmados.
En cuanto a las víctimas fallecidas, más del 60% son saharauis, el 14,5% son mauritanos, el 8,5% son argelinos y el 17% pertenecen a nacionalidades aún no identificadas. Algunas de las víctimas se encuentran en estado de descomposición y otras han sufrido quemaduras, según fuentes oficiales.
En cuanto a los heridos, el 78,5% eran saharauis, el 21,42% mauritanos, mientras que el porcentaje restante era de nacionalidades que aún no hemos podido identificar.
Las actividades más arriesgadas en los territorios saharauis fueron, respectivamente, el 53% de los ataques contra viajeros, el 38% contra buscadores de oro y el 9% contra otras actividades diversas, como proyectos de desarrollo, explotación de agua y otras.
En cuanto a las pérdidas materiales, aunque no se han establecido estadísticas definitivas hasta la fecha, puede decirse que los drones marroquíes han atacado instalaciones e infraestructuras civiles, proyectos humanitarios y bienes personales como escuelas, fuentes de agua, instalaciones privadas y tiendas en zonas dispersas y remotas.
En este sentido, un camión cisterna que transportaba agua para los nómadas fue destruido en la región de MHEIRIZ, así como más de 18 vehículos todoterreno pertenecientes a saharauis y mauritanos, además de la destrucción de 5 grandes camiones que transportaban bienes y mercancías, el 80% de los cuales estaban destinados a comerciantes argelinos.
En cuanto a la distribución de las víctimas por sexo, el 97,3% eran hombres y el 2,7% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, más del 94% de las víctimas son menores de 40 años.
Aunque la administración estadounidense argumenta a veces que es difícil establecer los hechos y distinguir los objetivos, todos los ataques realizados por el ejército marroquí con drones contra civiles tuvieron lugar en terreno abierto, donde es muy fácil comprobar la pintura de los coches e incluso la ropa de las víctimas para distinguir entre objetivos militares y civiles. Además, estos ataques se produjeron en zonas remotas, a varios kilómetros del muro marroquí, y no estaban destinados a la protección de las fuerzas marroquíes atrincheradas en él, lo que confirma que los objetivos no suponían ninguna amenaza para ellas. Además, los objetivos civiles estaban alejados de la actividad del ejército saharaui, lo que impidió la evacuación y la salvación de las víctimas a tiempo.
Cabe señalar que menos de dos meses después, Marruecos recibió el primer lote de aviones turcos TB2 Bayraktar el 17 de septiembre de 2021, y Marruecos mató al menos a 19 víctimas de nacionalidad saharaui, argelina y mauritana en un mes después de noviembre del año 2021.
Para estimar el alcance de la destrucción y los crímenes sufridos por el pueblo saharaui bajo el silencio de la comunidad internacional, a modo de comparación, The Guardian (1) publicado el 1 de julio de 2015 indicaba que la administración Obama mató a 116 civiles durante sus 8 años en el poder, mientras que Marruecos, a través de ocho ataques con drones en noviembre de 2021, mató a 19 civiles, lo que supone alrededor del 16% del total que la administración Obama había matado durante 8 años. Se trata de un coste muy elevado en relación con el número de personas y la densidad de población, además de que todas estas muertes se produjeron fuera de las zonas de guerra.
A la luz del comportamiento y las prácticas del ejército marroquí hacia los civiles, se plantea la cuestión de si pueden considerarse crímenes contra la humanidad, que amenazan la paz y la seguridad internacionales y socavan los esfuerzos de paz. Teniendo en cuenta estos crímenes, ¿existe la posibilidad de un juicio para determinar la responsabilidad legal a través de la Corte Penal Internacional, y el juicio de los funcionarios marroquíes como criminales de guerra por estos crímenes que cometieron contra civiles indefensos en tres países?
SMACO – Oficina saharaui de Coordinación de la lucha contra las Minas
Traduccion: prounsaharalibre